Aunque Tokio sólo representa un 5 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono de Japón, la entrada en vigor de esta norma en el corazón político y financiero del país es todo un símbolo del compromiso medioambiental de la segunda economía del mundo.
Por ahora es un plan modelo, pero el gobierno de Tokio -una ciudad que consume la misma energía que Suecia o Noruega- asegura que, de tener éxito, será el precursor de un proyecto nacional que podría elaborarse en el plazo de un año.
La normativa afecta a las grandes empresas y fábricas cuyo consumo de energía sea superior a 1.500 kilolitros de petróleo crudo al año, lo que abarca, a grandes rasgos, a oficinas, hoteles y hospitales con un espacio de unos 30.000 metros cuadrados.
Para reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero tienen que tomar medidas unas 1.330 firmas tokiotas, que en 2007 emitieron doce millones de toneladas de CO2 del total de 60 millones de la capital nipona, según datos difundidos por la agencia Kyodo.
La primera fase del plan comienza hoy mismo -inicio del año fiscal 2010- y se prolongará hasta abril de 2015: para entonces, las oficinas y comercios deberán haber recortado sus emisiones en un 8 por ciento respecto a los niveles de entre 2002 y 2007, y las industrias en un 6 por ciento.
En una segunda fase, fijada entre 2015 y 2019, las reducciones se ampliarán hasta un 17 por ciento.
Para lograr ese objetivo, el gobierno de Tokio ha instado a las empresas a que hagan esfuerzos por su cuenta, como sustituir sus equipos anticuados por otros de mayor eficiencia energética o que adquieran su electricidad de fuentes de energía renovable.
Esto último es lo que ha hecho, por ejemplo, la empresa Mitsubishi Estate: toda la electricidad del edificio de 38 plantas que tiene en el centro de Tokio provendrá, a partir de este mes, de centros de energía "limpia", como la gran estación eólica de Aomori (noreste de Japón).
"Antes o después, tendremos que dejar de emitir grandes cantidades de CO2 sin restricciones", indicó el director general de estrategia climática del Gobierno tokiota, Teruyuki Ono.
Tokio tiene unas 500.000 pequeñas y medianas empresas -en buena parte financieras, comerciales, tecnológicas y culturales- y alberga las sedes de muchas grandes firmas niponas, aunque las factorías se localizan generalmente fuera de la capital.
Entre sus zonas industriales destaca Fuchu, donde se levantan grandes factorías de Toshiba, NEC o el gigante agroalimentario Suntory, donde trabajan más de 26.000 personas.
Consciente de que las medidas de ahorro energético no serán suficientes para cumplir la meta de reducciones, el plan de Tokio incluye pautas para adquirir los llamados créditos de carbono a otras empresas de Japón.
Un crédito de carbono, adquirido a un precio establecido en el mercado, otorga el derecho a emitir una cantidad extra de CO2.
Así, las grandes empresas de Tokio podrán comprar esos derechos a otras entidades tokiotas que hayan conseguido reducir sus emisiones por encima de lo exigido o a las sucursales en Japón de compañías con base en la capital.
Las firmas que no logren el recorte exigido deberán pagar una pequeña multa de hasta 500.000 yenes (unos 4.000 euros), aunque lo más notable es que en la fase siguiente se les exigirá recortar sus emisiones más que a las demás.
El alcalde de Tokio, Shintaro Ishihara, aspira a que el modelo de la ciudad se extienda a todo Japón en poco tiempo para lograr el objetivo nacional de reducir para 2020 las emisiones de CO2 en un 25 por ciento respecto a los niveles de 1990.
Japón es uno de los principales emisores de dióxido de carbono y tiene pendiente la reducción para 2012 de su cuota de contaminación por debajo del 6 por ciento respecto a 1990, como establece el protocolo de Kyoto. EFE mic/psh/tcr
